Pugna por la Contraloría vulnera la Constitución Política del Estado

Responsable: Dr. Agustin Zambrana

La suspensión y posterior destitución de Osvaldo Gutiérrez, y la designación de Gabriel Herbas como Contralor General de la República, causo desfases entre  legisladores. El país, por primera vez, tiene dos Contralores por una pugna política que genera inseguridad jurídica ante los bolivianos.

El pasado 30 de diciembre, el Contralor Oswaldo Gutiérrez fue sustituido en el cargo por el masista Gabriel Herbas luego de ser suspendido en sus funciones por una resolución aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en la cual se lo acusó de no haber entregado a tiempo las auditorías a las empresas petroleras, y de haber terciarizado el servicio ocasionando un daño económico de 170 millones de bolivianos al Estado.

Gutiérrez fue denunciado ante la comisión de Diputados por el legislador masista José Pimentel, porque al parecer, no cumplió la Ley de Hidrocarburos, que establece que la institución debe auditar todos los contratos que firma el Estado con las empresas, es decir 140 documentos suscritos.

Sin embargo, la Comisión de Constitución y Régimen Electoral de la Cámara de Senadores emitió una resolución que dejó sin efecto alguno la resolución emitida por la Comisión de Constitución y rápidamente restituyó en el cargo a Gutiérrez. Dicha instancia los volvió a suspender indefinidamente por supuestas anomalías en la auditoría del proyecto Misicuni en la ciudad de Cochabamba.

A este respecto, Willman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, indicó que ese órgano aprobó en 2007 una resolución en la cual se dispuso una permanencia máxima de los interinatos por 90 días, porque de lo contrario los cargos serían indefinidos. Se violentaría el orden constitucional, porque la Constitución Política del Estado, instituye cuál es el órgano que tiene la responsabilidad de designar a la máxima autoridad de la Contraloría, precisó.

De hecho, el Presidente de la República debe elegirlo de una terna propuesta por la Asamblea Plurinacional. Pero, como la misma esta por conformarse todavía, Durán justificó que el Poder Legislativo actual tiene esa potestad para realizarlo. Además, sin duda, la resolución del Tribunal está absolutamente vigente y si Herbas se extiende en sus funciones como interino, sus actos podrían no ser válidos porque de acuerdo al Código Penal, nadie puede prorrogarse en sus funciones más allá de lo establecido, enfatizó el  constitucionalista.

En su alocución,   Gabriel Herbas afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación sobre su prolongación o no en el cargo de Contralor. Sin embargo, señaló estar dispuesto a seguir en la misma función, ya que tiene el aval del primer mandatario. En el caso, de no ser ratificado en dicho cargo, se dedicará a la actividad privada puesto que renunció a su espacio como diputado del Movimiento al Socialismo (MAS). A su vez, Herbas especificó que de acuerdo a la nueva Carta Magna, el presidente Evo Morales debe nombrar al contralor de una terna que presente la Asamblea Plurinacional, escenario que podría prolongarse hasta el 2010.

En medio de críticas del Movimiento al Socialismo, partido que decidió su suspensión por un supuesto incumplimiento de funciones, Osvaldo Gutiérrez anunció su regreso como titular de la Contraloría General de la  República, amparado en una resolución del Senado. “Hoy se me ha notificado con la Resolución 001/2009, emitida por la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Nacional del Senado, que es el tribunal jerárquico del proceso administrativo, la cual deja sin efecto ni valor legal alguno la suspensión temporal del cargo que se hizo a mi persona y determina que reasuma las funciones de Contralor General”, manifestó Gutiérrez en una rueda de prensa.

Además, sostiene con seguridad que la suspensión de sus funciones fue ilegal. “Vamos a volver a nuestras oficinas, confiamos en el cumplimiento de las normas, no quisiera imaginarme que haya una oposición, que se busque alguna otra forma para impedir esa situación, para que yo pueda reasumir mis funciones” reclamó. El presidente Evo Morales no tiene facultad dijo Gutiérrez, para ampliar a un interino en el cargo porque se cumplieron los 90 días, de lo contrario se vulnerará el Estado de derecho.

Asimismo, “la resolución que disponía la suspensión de Gutiérrez ha sido analizada por la Comisión de Constitución y, toda vez que encontró que esta decisión ha sido inconstitucional y no forma parte de las atribuciones ni de la comisión, ni de la Cámara de Diputados, ni del Congreso en su conjunto; ha tomado como decisión final la de revocarla, es decir, que el Contralor tiene la posibilidad de restituirse en cualquier momento a sus funciones”, justificó el senador de Podemos Luis Vásquez Villamor, al momento de explicar, que la disposición de la Cámara de Diputados “fue una flagrante vulneración a los principios constitucionales y legales y, en consecuencia, corresponde reponer el estado de normalidad en la Contraloría General, restableciendo en su cargo a esa autoridad”.  Además, el legislador de la oposición, alegó que la resolución dispuesta se sustenta en un recurso jerárquico que presentó Gutiérrez y que fue ignorado por el grupo de diputados oficialistas. “Como es un recurso jerárquico y al haberse cumplido los plazos, nos corresponde pronunciarnos al respecto”.

El diputado polemista, también dijo, que la autoridad suspendida presentó el recurso en febrero. A su vez, los senadores concedieron dos plazos de seis días; uno regular y otro extraordinario, para que la Cámara Baja se pronunciara sobre el caso. Sin embargo, los diputados rechazaron la interpelación jerárquica y destituyeron a Gutiérrez de forma definitiva. Los diputados del MAS no tienen autoridad para rechazar un recurso así precisó Vásquez, pues el órgano jerárquico, en este caso, viene a ser el Senado. “El objetivo del oficialismo fue que nunca lleguemos a tratar el proceso en la Contraloría, querían que no nos pronunciáramos al respecto, para mantener la suspensión del Contralor indefinidamente”.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, remarcó que si el Contralor interino, Gabriel Herbas, y el gobierno en su conjunto se resisten a acatar la resolución emitida por el Senado estarían procediendo al margen de la ley y vulnerando el ordenamiento jurídico que ellos mismos siguieron para suspender a Osvaldo Gutiérrez. “Si Herbas insiste en una conducta de resistencia estaría cometiendo delitos penales, como usurpación de funciones y podría ser denunciado ante el Ministerio Público y procesado por el sistema judicial”, afirmó.

El abogado constitucionalistas Carlos Alarcón calificó de inaceptable la resolución de los senadores. La comisión de la Cámara Alta asentó su decisión en los decretos supremos 23267 y 29898, promulgados por el Gobierno para reglamentar procesos administrativos como el que se dio contra Gutiérrez.

En ese sentido, Alarcón manifestó que estas normativas son “una abierta intromisión de un poder sobre otro porque legislan sobre temas que competen a otro órgano del Estado, el Congreso Nacional”. El constitucionalista, indicó también, que “es inadmisible, el Senado debió ordenar la inmediata restitución de Osvaldo Gutiérrez de oficio, haciendo prevalecer sus atribuciones constitucionales. En la Cámara Alta se designó al Contralor y se debió defender ese principio. No pueden aceptar normas mediante decretos que regulen su vida interna. Los senadores sólo se pronunciaron sobre la suspensión y no hicieron referencia sobre el retorno de Gutiérrez a su fuente de trabajo, dijo.

Al respecto, parlamentarios del MAS reiteraron su rechazo al recurso emitido por la comisión de la Cámara Alta.

El presidente de la Comisión de Constitución y diputado del Movimiento al socialismo René Martínez, que promovió la suspensión el 2008, dijo que “es inadmisible esta sobreposición de funciones, molesta esta intromisión y amerita una respuesta firme y profunda a esta intencionalidad de la comisión del Senado”. Es insostenible que la Cámara de Senadores tome competencia y conocimiento del hecho, sin esperar el agotamiento del procedimiento de la Cámara Baja, aseveró. “Nosotros vemos actuaciones de orden político, más aún cuando vemos a un contralor que no ha cumplido absolutamente para nada en el tema de las auditorías, en el caso de los contratos petroleros”. Gutiérrez no podrá recuperar su cargo indicó Martínez, al momento de explicar que la resolución emitida por Senadores está plagada de errores, pues se prescindieron varios pasos legales y la misma fue aprobada por mayoría cuando es necesario que sea por unanimidad. “Esto debería ameritar que este señor Gutiérrez esté afuera”, enfatizó el senador y jefe de bancada del MAS, Ricardo Díaz. La suspensión del Contralor Gutiérrez es definitiva; el presidente de la república tiene la responsabilidad de dar continuidad al mandato vigente, agregó Martínez. Además, el Contralor restituido deberá responder a una nueva acusación por la auditoría especial que dejó sin efecto el caso Misicuni-Cochabamba. En la investigación se comprobó que Gutiérrez no hizo efectivas las auditorías, pues sólo 17 de los 140 contratos llegaron a etapa de informe preliminar, es decir ni siquiera arribaron al final, aseveró el diputado oficialista y miembro del grupo parlamentario,

“La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz deberá salir para evitar esta clase de entuertos. Osvaldo Gutiérrez tiene que estar consciente de que si tiene algún delito en su haber no tiene por qué ir más a la Contraloría General. Esperaremos que el Senado, más bien, promueva la ley anticorrupción” Expresó, Fidel Surco Dirigente de Conalcam.

Por su lado, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, reveló que ambas cámaras están en inexactitud y que además, el único que puede solucionar esta preocupante situación es el Tribunal Constitucional; sin embargo, el jurista lamentó que el mismo no esté vigente.

Por otro lado, Gutiérrez afirmó que el Decreto 0058 es ilegal  y que Herbas “ya no es Contralor y que cualquier acto que realice sería nulo”. Sin embargo, Herbas ratificó que no abandonará el cargo mientras no reciba notificación alguna. A su vez, Gutiérrez lamentó la situación y  calificó como “un círculo vicioso con el objetivo de que no vuelva a ser Contralor”.

Entre tanto, el artículo 154 de la Carta Magna, derogada el 7 de febrero, indica que esta autoridad “gozará de la misma inamovilidad y periodo que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia”, es decir una gestión de 10 años. Eso significa, en otras palabras, que el Contralor puede ser removido de funciones únicamente con una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, la nueva Constitución Política del Estado aprobada el 25 de enero pasado, en cambio, establece que el Contralor debe ser designado por dos tercios del Congreso y su mandato durará seis años improrrogables, y por cierto, no dice nada sobre inamovilidad.

En este sentido, según el constitucionalista Carlos Alarcón, este hecho viola la norma constitucional porque el mandato de Gutiérrez deviene del texto anterior y no del nuevo, y porque además la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para suspender a una autoridad como el Contralor General de la República. “Toda la actuación de los diputados se realizó al margen de las normas”, puntualizó.

Por su parte, Iver Pereira, abogado en temas constitucionales, en su alusión, coincidió en puntualizar que con el antecedente de la resolución del Tribunal, todos los actos de los funcionarios públicos pueden ser susceptibles de nulidad porque se estaría obrando sin competencia y sin jurisdicción.

A su vez, resaltó que esto ocurrirá en la medida que alguien con dictamen de responsabilidad civil, administrativa o penal decida interponer algún recurso contra una resolución dictaminada por Herbas.

Pereira subrayó también, que existe una resolución de la Cámara de Senadores que restituyó la titularidad al Contralor Oswaldo Gutiérrez. De esta manera esa autoridad podría hacer valer sus derechos legales, interponiendo un Amparo Constitucional a fin de recuperar el cargo. “El anterior Contralor tiene un término de gestión que no se ha cumplido aún, su mandato está dispuesto en la anterior Carta Magna. Todavía tiene seis meses para presentar un recurso de amparo en cualquiera de las cortes judiciales de distrito”.

Asimismo, el Contralor restituido por el Senado, Oswaldo Gutiérrez, advirtió que ejercerá en paralelo su cargo, desde un despacho indefinido y  contrario de su sucesor en funciones, elegido por el oficialismo, Gabriel Herbas, quien se resiste a entregar el cargo. “Vamos a ejercer nuestro cargo si se nos permite, vamos a ejercerlo paralelamente”, ratificó Gutiérrez, amparado en la resolución de la Comisión de Constitución del Senado, que lo restituyó en el cargo.

Sin duda alguna, la suspensión y posterior destitución de Osvaldo Gutiérrez, y la designación de Gabriel Herbas como Contralor General de la República, tienen vicios de inconstitucionalidad. El país, por primera vez, tiene dos contralores por una pugna política que genera inseguridad jurídica, y no sólo para los legisladores, sino también para todo el pueblo boliviano.

Tanto Gutiérrez como Herbas dicen tener respaldo legal para ocupar sus funciones; pero indudablemente, desde el punto de vista jurídico las acciones de ambas autoridades pueden ser observadas en cualquier instancia.

Los constitucionalistas conocedores del tema en cuestión, coinciden en que la solución a este conflicto, que enfrentó a ambas cámaras legislativas, pasa por el Congreso Nacional; que debe definir respetando la parte legal, quién es el contralor, mientras tanto, existe todavía un vacío jurídico que aviva las llamas de incertidumbre en el pueblo boliviano.

Datos.

– Gutiérrez llegó a la Contraloría General de la República (CGR) en el primer trimestre de 2005. Fue elegido en la presidencia de Carlos Mesa de una terna presentada por el Congreso. La anterior Constitución Política con el que fue designado señala que la autoridad es inamovible como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bajo esta figura le quedaban seis años de mandato.

– El MAS sostuvo que Gutiérrez no realizó las auditorías a los contratos petroleros, cuando tenía 180 días para hacerlo tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos (2005).

– Osvaldo Gutiérrez intentó retomar sus labores en la Contraloría General de la República, no obstante, el actual contralor interino Gabriel Herbas no se lo permitió, al justificar que fue designado por el jefe de Estado, mediante  un decreto.