Prohibición de campañas electorales

Por María Teresa Zegada

Édgar Patana

Las recientes declaraciones de , dirigente de la COR de El Alto, respecto a la prohibición de campañas electorales y sedes de campaña de partidos de oposición en esa ciudad, son reveladoras de una práctica política que no tiene nada que ver con el proceso de cambio impulsado por las organizaciones sociales en Bolivia. La nueva Constitución Política del Estado recientemente aprobada reconoce el ejercicio de la democracia representativa, participativa y comunitaria. La democracia representativa implica una serie de prácticas, entre ellas las elecciones periódicas para la selección de autoridades, que a la vez implica una serie de condiciones, entre ellas el valor igualitario del voto, la libertad de expresión y el pluralismo.

Ante las limitaciones y el uso instrumental que se le otorgó en el pasado a la democracia representativa, centrada en la alternancia de élites políticas en el poder y extremadamente distanciada de las necesidades y pulsiones de la sociedad, se introdujeron otras formas complementarias de ejercicio democrático como la democracia directa en sus diversas acepciones, y la democracia comunitaria como una recuperación de prácticas y valores ancestrales vigentes en las comunidades indígenas y originarias, ello enriquece los formatos de participación política pero no tiende a su mutua anulación.

El dirigente político confunde las prácticas sindicales que tienen validez y legitimidad al interior de sus organizaciones (que además, les han servido para cohesionarlas y mantener márgenes de disciplina sindical) con su aplicación y expansión a otros contextos donde evidentemente resultan totalmente fuera de lugar, es más, terminan generando tensiones y contradicciones con el contenido de la propia Constitución en sus distintos capítulos.

De acuerdo con los derechos universales, los individuos e incluso los colectivos sociales están en plena libertad de emitir discursos, instalar en todo el territorio nacional sus sedes políticas, así como circular libremente en las calles realizando campañas electorales, ese es uno de los principios básicos de la democracia, no obstante resoluciones como las aprobadas en dicha reunión de organizaciones sociales de El Alto, como ya sucedió en algunos otros contextos rurales en el pasado, denotan simplemente un desconocimiento de la democracia y, en su caso, su debilidad política. El año 2005 el MAS no necesitó ese tipo de comportamientos para lograr la histórica votación que alcanzó. ¿Por qué ahora incurrir en prácticas que contravienen no sólo con lo establecido en la Constitución, sino contra las mínimas condiciones de libertad que los propios movimientos sociales y los bolivianos hemos exigido desde antes de la recuperación de la democracia?

El propio Movimiento al Socialismo, durante estos casi cuatro años de gobierno ha asentado su discurso político en la preservación de la institucionalidad democrática, vía que lo llevó al poder, aunque en muchos casos, como todos sabemos, se ha forzado en muchas ocasiones la legalidad desde distintos flancos en medio de la pulseta política por el poder. La nueva Constitución establece reglas de juego para la acción política y social de todos los bolivianos, flaco favor le hacen al propio MAS este tipo de resoluciones y discursos de las organizaciones que dicen apoyarlo