PASADO Y PRESENTE DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Corría el año 2016 y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunciaba su interés en nominar a la Constitución Política de México de 1917 para su inscripción al Programa Memoria del Mundo, cuyo objetivo es preservar el patrimonio documental de la humanidad (albergado en bibliotecas, archivos y museos) esto, en el preludio a la celebración del centenario de la promulgación de nuestra carta magna.

Pese a no haber ganado dicha candidatura, la noticia sirve para recordar la influencia de nuestra constitución política en el orden jurídico internacional, pues a la postre los principios sobre los que fue cimentada (justicia social, libertad y derechos laborales) fueron adoptados en diversos instrumentos internacionales de primer orden, particularmente en cuanto a la protección de derechos humanos se refiere y también como un ejemplo a seguir para un gran número de constituciones alrededor del mundo.

El día de ayer, escuché a un amigo decir acertadamente que la Constitución del 17 es el reflejo de la historia de México. Considero que esa historia marcada por el intervencionismo extranjero a lo largo de diferentes momentos, primero durante la edificación del México independiente, posteriormente en el marco de la fatídica guerra con los Estados Unidos, continuando con el juarismo y la intervención francesa, para finalizar con los desequilibrios sociales y las inequidades económicas que culminarían con la Revolución de 1910, son todos prueba del interés extranjero por imponer un proyecto de nación a México.

Producto de lo anterior, nace la Doctrina Carranza para ratificar la vocación de justicia y equidad de nuestro país y que sería incluido junto con otros principios en la fracción X del artículo 89. Tales principios son: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, así como el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. La Reforma constitucional del 2011 traería consigo la armonización de nuestra carta magna con los acuerdos y tratados internacionales introduciendo el concepto de garantías individuales y, con ello, un reconocimiento más amplio de los derechos humanos.

En suma, la constitución ha demostrado ser, más allá de la diplomacia, una herramienta eficaz de posicionamiento de nuestro país en el escenario internacional a la vez que de Soft Power en el ámbito del derecho internacional público, sin embargo, el día de hoy nos enfrentamos con retos frontales que van de la teoría a la praxis y que son imposibles de postergar.

Por una parte, contar al día de hoy con una carta magna con más de 700 reformas ha llevado a generar paradojas muy difíciles de resolver, ejemplo claro, ¿hasta qué punto es permisible el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios (reconocido en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) cuando en algunas de estas comunidades está tácitamente prohibida la participación política de la mujer? y, por otra, ¿cómo es posible garantizar efectivamente los derechos de los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional, cuando en fechas recientes hemos observado el sometimiento del que han sido objeto por parte de las autoridades mexicanas?

Estas son algunas de las preguntas de cara a la celebración de un nuevo aniversario de la constitución política mexicana y nos invita a reflexionar sobre nuevos retos de la política exterior frente al siglo XXI.

Carlos García Dorantes