La excusa del 67 %

Por Cayo Salinas

Cuando Podemos hizo viable -por tercera vez-  la  posibilidad de que el Gobierno vuelva a encauzar la estrategia de ‘Evo Presidente indefinidamente’ que viene siendo diseñada con una rigurosidad que pasa, incluso, por el encarcelamiento de autoridades electas, seguramente no se imaginó que semejante bellacada pasaría a engrosar la lista de los actos de naturaleza política más torpes que hubiera conocido la historia republicana de nuestro país. En pleno siglo XXI, con la posibilidad de acceder a mejores niveles de conocimiento y olfato seguido de sentido común, seguimos siendo espectadores de episodios como el que anoto, que serán recordados, con gracia y agradecimiento por unos, con decepción y arrepentimiento profundo por otros.

Si algo le sobra a la gente que asesora a Evo es olfato y sentido de oportunidad. Siempre llevan la delantera posesionando como verdades hechos no ciertos. La guerra mediática la tienen ganada, adentro y afuera. En ese contexto, el nuevo eslogan que señala que el Gobierno puede hacer y deshacer porque ganó una elección (el revocatorio) con el 67% y que  su CPE debe ser ratificada así haya mediado, para su aprobación, dolo, cerco, muerte y  un centenar de levanta manos que con seguridad no conoce lo que sancionó, es el nuevo paradigma que adorna la estrategia oficialista. Los que no estén de acuerdo, ¡que ganen una elección!, mientras tanto, los que sí lo hicieron, tienen derecho, incluso, a ‘lesionar’ la ley.  Lo que no dijo García Linera, menos Evo, fue si el triunfo electoral que  recomiendan para la oposición pasa porque se institucionalice el fraude, volteando el registro civil de las personas, otorgando cédulas de identidad desde casas de campaña, empadronando gente ya fallecida o clonando a quienes todavía siguen vivos para duplicar o triplicar identidades. La democracia  no admite ganadores ni perdedores, sino a unos que detentan el poder y lo ejercen gobernando para todos y no por siempre, y a otros que, sin detentarlo, son parte de la realidad nacional, pertenecen a ella, y ejercen  derechos y garantías constitucionales imprescriptibles. No verlo así y más bien, mirarlo como el Gobierno lo está haciendo es signo de autoritarismo y vandalismo político. El mundo, con Unasur incluido, sí, Unasur, los funcionales a la administración de Evo, debe saber que en Bolivia el tema no pasa porque un indígena sea Presidente o porque grupos oligárquicos no se acostumbran a la idea de verlo en la Presidencia. Ese discurso lo manejan afuera  y muy bien.  El tema es otro y pasa por conducta, no por personas, menos  si éstas tienen culito blanco o tostado. Aquí termino: Carlos Valverde, en un extraordinario trabajo de investigación, ha demostrado que el padrón y Registro Civil tienen problemas demasiado serios que ameritan una auditoría técnica antes de la realización de cualquier justa. ¿Cómo entonces podemos ampararnos en un 67% que no es real, para imponer una CPE que no es nacional?