La descomposición del Estado, narcoviolencia y cambio de régimen: claves para entender el aumento de asesinatos en México

Leo las noticias en los últimos días y veo que hubo al menos 69 asesinatos en Guanajuato el pasado fin de semana. Leo los empujones de simpatizantes lopezobradoristas contra la marcha por la paz convocada por Javier Sicilia. Leo el asesinato del ambientalista Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca. Y todos estos hechos tienen un origen común: el incuestionable aumento de la violencia en México.

Voy a comer con un amigo y me pide una hipótesis sobre qué ha provocado el repunte de la violencia. “El caos de país que vivimos”, respondo. Llevo trabajando casi sin dormir los tres últimos días y el cerebro no da para más. De repente, me viene la inspiración y esbozo una idea, consecuencia de un estudio profundo de la violencia que llevo reportando desde hace ya varios años, en múltiples recorridos por todo el país. Ya sabemos que la moda imperante en México es quejarse y pelear con insultos en redes sociales por estupideces como la rifa del avión presidencial. Pero, contestatario como soy, me aventuro a plantear algunas posibles respuestas por el puro afán de tratar de comprender qué carajos está ocurriendo a nuestro alrededor.

¿A qué se debe que en 2017 y luego en 2018 y otra vez en 2019 México haya roto récord de violencia, tras una ligera caída y un repunte en el número de asesinatos desde 2014? Me parece que la respuesta es eminentemente política. Y para ello es necesario conocer algunos fundamentos de ciencia política.

Desde siempre, el Estado ha sido el principal administrador del crimen. Esa es en esencia, el origen de su existencia: una organización que busca regular la violencia a través del imperio de la ley. El Estado, represor por naturaleza, se reserva el monopolio de la coacción física para imponer la ley. Y sabemos que esta imposición de la ley es, al mismo tiempo, consecuencia de un juego político, donde los sectores más poderosos de la sociedad imponen su ley a los más débiles. La construcción misma del Estado es entonces, consecuencia de un régimen político, el cual se define como el conjunto de instituciones que regulan el poder al interior de una sociedad. Es así que el Estado se convierte en mediador de los conflictos humanos, con el objetivo de impedir que se maten unos contra otros. Por ello, se puede decir que el Estado es “un mal necesario”, capaz de organizar con relativo orden grandes conglomeraciones de personas con distintas maneras de entender el mundo, situación que no ocurría en las comunidades tradicionales anteriores al origen de la civilización.

Por ello resulta muy útil entender primero qué es el Estado, a la hora de tratar de construir un diagnóstico sobre la violencia en México.

El Estado mexicano vivió su auge histórico en la era posrevolucionaria, para luego entrar en un lento y gradual proceso de deterioro que inicia con la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, como consecuencia de un creciente autoritarismo del PRI. Esta descomposición del régimen priista continuó en los años posteriores, y se evidenció en la reforma política de 1977 y posteriormente en el fraude de 1988, que marcaría el inicio de un bipartidismo de derecha cuyo objetivo en común era imponer un modelo económico neoliberal que maximizaría las ganancias de los sectores privilegiados, precarizando las condiciones sociales de los sectores más vulnerables.

Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de México en 2000, el antiguo régimen priista se desarticuló. Sin embargo, el PRI seguía manteniendo un número importante de gobernadores que, por primera vez, ya no veían al presidente como su jefe político. Esto provocó que los gobernadores se convirtieran en amos y señores de sus feudos, lo cual les otorgó mayor autonomía a la hora de administrar el territorio y las mafias locales. Esta fragmentación del poder político vendría acompañada por una expansión de los cárteles de la droga motivada por una lógica de mercado, lo cual provocó que los conflictos entre cárteles de la droga fueran escalando de forma paralela a las disputas electorales en los años de la alternancia en el poder.

Esto es precisamente lo que da relevancia histórica al fraude de 2006, pues a partir de este acontecimiento, la descomposición del Estado mexicano entró en un proceso de aceleración, a la par que la violencia en el país. La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón es entonces, consecuencia de un proceso de degradación del Estado mexicano, que llegó a niveles de corrupción sin precedentes mientras la epidemia de violencia echaba raíces en territorios devastados por la lógica neoliberal y una anarquía creciente entre las mafias. El sicariato de Felipe Calderón intentó recuperar la rectoría del Estado en la administración del crimen organizado a través de su principal operador, Genaro García Luna, cuya gestión sólo provocó una mayor fragmentación de las bandas criminales al mismo tiempo que intentaba ordenar el reparto del país entre los cárteles de la droga más grandes: el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, organizaciones que en la lógica del sicariato calderonista, habrían de ayudar al Estado mexicano a eliminar (con relativo éxito) a organizaciones más violentas como Los Zetas, los Beltrán Leyva o los Caballeros Templarios.

Luego de un pico de violencia en 2011, la continuida del PAN se hizo inviable. La violencia en México bajaría momentáneamente entre 2012 y 2014, al mismo tiempo que el regreso del PRI a la presidencia, hizo pensar a muchos que el antiguo régimen priista podría reconfigurarse. Pero la voracidad sin precedentes del nuevo PRI, anclado no en la lógica del nacionalismo revolucionario, sino en la depredación sin cuartel del proyecto neoliberal, detonó en el mayor nivel de corrupción política en la hsitoria del país. Basta citar el caso de gobernadores corruptos, sicarios y ladrones, como Javier Duarte en Veracruz, quien representa la cumbre más alta de un modelo político más amplio que se extedió durante 15 años en todo el país. En 2014, los casos de corrupción política (Casa Blanca, Monexgate, Odebrecht, Operación Zafiro, Estafa Maestra) sumados a violaciones graves de derechos humanos (primer Tlatlaya y Aayotzinapa, seguida de Apatzingán, Nochixtlán, Tanhuato, así como la reconstrucción histórica de casos como Allende) hizo más evidente la descomposición profunda del Estado mexicano y el régimen neoliberal.

Por ello, la aplanadora electoral con la que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidecia de México en 2018, es consecuencia de este proceso de desomposición del Estado mexicano y la urgente necesidad de transformar el régimen neoliberal. De ahí que la llamada Cuarta Transformación de López Obrador, más que un proyecto de gobierno, es en realidad un proyecto de recomposición del Estado mexicano, tal como resulta evidente en la intención de reformar el poder judicial y meter en cintura a los poderes fácticos (principalmente empresarios), además de comabtir la corrupción política. Una tarea para la cual, López Obrador ha echado mano del Ejército como su principal pilar en esta tarea de recomponer el Estado mexicano.

Si bien dentro de la visión lopezobradorista pareciera existir cierto reconoimiento de esta realidad, el esfuerzo de combatir la violencia a través de un nuevo (y necesario) cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional, sigue siendo insuficiente para mitigar el número de asesinatos mientras el lento proceso de recomposición del Estado mexicano sigue su curso. Sin embargo, la necesidad de dar resultads urgentes, que puedan ayudar a mantener el proyecto político de la 4T, ha provocado que aún con un fuerte respaldo popular, el gobierno lopezobradorista, rebasado por la realidad nacional, haya cometido errores del tamaño de los hechos en Culiacán, con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, lo cual evidencia el grado de descomposición en el que se encuntra el Estado mexicano.

Sin embargo, la 4T ha hecho poco a la hora de involucrar a otros sectores sociales en la recomposición del Estado mexicano, y ha delimitado esta misión a un sector de la clase política, cuyas disputas por el poder siguen arraigadas en las viejas prácticas del sistema político mexicano, como es evidente en las disputas al interior del nuevo partido hegemónico, Morena, cuya fractura parece inevitable aún antes de su propia consolidación como garante del proyecto lopezobradorista. Basta ver hasta dónde es capaz de llegar López Obrador en su intento de reconstruir un Estado mexicano en ruinas, y los resultados de dicho proyecto tendrían que verse reflejados en alguna medida a lo largo de su mandato. Pero el cansancio y enojo social, acumulado de varias décadas atrás, así como las presiones geopolíticas -en el contexto de un imperialismo decadente en EE.UU. y su disputa por la hegemonía global frente a otras potencias- hace que el margen de maniobra de la 4T sea bastante reducido.

Es por ello que comprender el papel del Estado como adminsitrador de la violencia, es un punto crucial para comprender el baño de sangre que padece México. Sin embargo, los medios de comunicación, insertos en la continua disputa por el poder, siguen jugando un papel decisivo en tareas de propaganda y desinformación, al tratar de descarrilar el proyecto político de la 4T con la esperanza de recuperar los privilegios de los que alguna vez gozaron mientras duró el “pacto de impunidad” entre las élites que se forjaron durante el régimen neoliberal. Esto explica también la voraz, tendenciosa y confontativa cobertura informativa que vemos hoy entre los medios, la cual pone en evidencia una abierta confrontación entre dos grupos (chairos y fifís) en continuo choque y con intereses antagónicos.

Lástima que los medios y los comentócratas de pacotilla que abundan en las redes sociodigitales estén más interesados en atizar dicha disputa y discutir temas intrascendentes como la rifa del avión presidencial, antes que hacer una revisión profunda a las causas de la violencia en México, que tiene profundas raíces políticas que prácticamente nadie se atreve siquiera a mencionar. ::.