LA DEMOCRACIA CASTRADA

Por  Daniel A. Pasquier Rivero

Santa Cruz, dentro del Estado Plurinacional (EP), decantó mediante una Resolución de la Asamblea de la Cruceñidad del 7 de julio 2009, su vocación democrática. Hará frente a la difícil situación que atraviesa por el accionar atropellador e inmisericorde del gobierno de turno, por la vía de la denuncia legal, mediante mecanismos jurídicos a su alcance en el ámbito nacional e internacional. Demandará a los personeros de gobierno que están actuando sin respeto a la CPE y sus leyes, desconociendo también compromisos adquiridos por el Estado como miembro de organizaciones como la OEA, ONU y otras, principalmente las comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Porque eso es lo que se está dando en el país, el desconocimiento absoluto de las normas reconocidas a un estado democrático y de derecho.

Los cruceños están en la mira del estado centralista por ser punta de lanza en la construcción de un Estado de Derecho, más participativo, más justo y solidario, mediante la propuesta de un régimen de autonomías voluntarias y graduales. Lo vivido hasta ahora, absolutismo, bárbaro en su mayoría, siempre salió con la cantaleta del regionalismo para  justificar el expolio al que sometió a todos estos pueblos por siglos. Cualquier reclamo fue  descalificado, y después, una vuelta más al torniquete recortando los recursos a las regiones. Si las protestas incrementan  fuerza, acuden al  sanbenito  separatista para justificar mayores atropellos. Pero esta vez la fortaleza y entereza del movimiento autonomista ganó adeptos también en otros departamentos y sorprendió en un principio a los centralistas, ahora en manos de quienes han convertido en su proyecto vital el concentrar todo el poder, camuflado tras la retórica de la restauración  monárquica indigenista aymara.

Es la hora de los absolutistas, a corretear díscolos,  en defensa de una Patria en la que nunca han creído: los “colonizados” ahora son “terroristas”. Pero el guión, con autores y  ejecutores en parte extranjeros, es muy débil, su trama de tan sinuosa no es creíble y, al final, todos desencantados porque, como en cualquier mala obra, se descubre a los manipuladores y a los asesinos, antes del final.  Si no fuera que la tragedia ha provocado ya mucho dolor en la vida real, debería terminar en risotada. Pero no, como aquí hay responsables, tienen que salir a la luz. Para eso los demócratas del país se aferran a la democracia, además, como única garantía para mantener la estabilidad social y política en un pueblo complejo, compuesto por un abigarrado conjunto de seres humanos con inclinaciones, visiones e intereses dispares. Ni siquiera puede esperarse un milagro, porque no todos en esta proteica sociedad son creyentes, ni apelan al mismo dios.

Le toca al Comité Pro Santa Cruz cumplir, poniendo en el banquillo de los acusados a todos los que han hecho méritos, según la razón y la ley. La justicia tiene que  restablecer la paz entre ciudadanos y entre pueblos. Se han dado las primeras señales esperanzadoras, una juez abusiva en La Paz, en medio de temblores, declina competencia, como corresponde, en el caso de Pando y, en Santa Cruz, se pone freno al arbitrario e ilegal actuar de un fiscal “político”. Esto es sólo el inicio, pues todavía están encarcelados políticos sin juicio y exiliados que buscaron comprensión y protección de la justicia en estados vecinos, porque no la encontraron en el EP, donde no hay garantías constitucionales ni respeto a los derechos humanos. La “mano dura” que pide el presidente Lula en el caso Honduras, “no podemos admitir bajo ningún concepto que alguien se crea con el derecho de poder derrocar a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo”, es  aplicable al caso del legítimo gobernador de Pando que lleva diez meses privado de libertad.

La democracia “manipulada” trata de apañar la violación a los derechos ciudadanos, convertida en comodín para los “napoleoncillos”, que ayer calificaron de “babosadas” a la Carta Democrática Interamericana y hoy recurren a ella para ser restituidos: Mel Zelaya debe  responder por los atropellos a su constitución, y por conseguir para su país el 2008 el índice más alto de asesinatos en el hemisferio, esto, antes de merecer audiencia. Se va aclarando el misterio de cómo responderán los que decapitaron a la República de Bolivia al dejarla sin Tribunal Constitucional, sin Corte Suprema de Justicia, saltándose mediante decretos al primer poder del Estado, nombrando a funcionales en la Contraloría General para no rendir cuentas a nadie y manipular hasta el hartazgo a la Corte Nacional Electoral, todo, para allanar el camino al EP. ¿Qué espera a los que asumen “todos” los poderes del Estado?

Mientras tanto, sorprende la madurez política, a veces con ingenuidades, que prevalece en el accionar de los demócratas cruceños. Que no es una línea nueva, sino continuidad en la gestión de un civismo que se esfuerza, a veces presionado, por estar a la altura de las circunstancias. Aquí, como en Centroamérica, el escenario para reconstruir el Estado de Derecho es muy complicado, un rompecabezas explosivo, mezcla de paranoias personales de poder con intereses políticos legítimos, y la omnipresencia del narcotráfico que cree tener pantalones largos para montar  estructuras estables y legales a favor de sus intereses. Los cientos de aviones “nocturnos” que vuelan de país a país, sin control aduanero, con cargas y personal no declarado, son parte importante en esta lucha “por la democracia”. Mientras, el compromiso en affaires internacionales de Chávez, Morales, Ortega, Correa y Lugo, parece olvidar la pobreza, la falta de empleo, las economías en despelote y los sectores productivos al borde de la desesperación, en todos sus países. Ya R. Rosenberg fue asesinado al involucrar al presidente de Guatemala en una investigación  de lavado de dólares. ¿Se pretende resolver todo con narcotráfico?

Pero la democracia no es una declaración lírica, sin contenido, y debe ser defendida con energía por la sociedad entera, no sólo por sus líderes ni sólo con discursos. Se equivocan los que creen que la democracia está castrada, pero su fortaleza reside fundamentalmente en el  respeto y  garantías a los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que hace a un Estado de Derecho.