La defensa de la legalidad debe dejar de ser complicidad

Por Roberto Méndez Herrera

El  Ministerio  público es un órgano independiente con autonomía funcional, que tiene  por función promover la actuación  de la  Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses  generales de  la  sociedad, en coordinación con las demás  autoridades de la República.

Pero de un tiempo a esta parte vemos que con la judicialización de la política, el Ministerio Público se ha convertido en un brazo opresor del Gobierno de turno que en tiempos de campaña electoral quiere cortar como con guillotina a todos los que levanten la cabeza para pararse como opositores.

Observamos también que como no ha pasado en muchos años el Gobierno ha activado la Comisión de Constitución Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados y aprovechando su mayoría se ha tumbado ya al Contralor General, al presidente de la Corte Suprema y tiene en capilla a varios ministros y consejeros de la Judicatura que no son funcionales a su causa.

Pero esta semana, el fiscal General Mario Uribe ha salido por los fueros de su dignidad a pesar de haber sido manoseado -pues su cabeza también cuelga también de la guillotina de la Comisión de Constitución- y sentado las bases de la jurisdicción y competencia al señalar que las autoridades de Sucre, obviamente todas opositoras, no podían ser procesadas en La Paz porque ya existe una causa abierta con anterioridad en Sucre, donde ocurrieron los hechos de humillación a los campesinos el 25 de mayo del 2008.

Y porque corresponde por derecho a las personas, ser juzgadas ante el llamado juez natural, es decir el de su propia tierra.

Esa misma actitud debería ser asumida por el Ministerio Público de Santa Cruz teniendo en cuenta que esta semana han sido citados a La Paz varios dirigentes cruceños por el caso de presunto terrorismo.

A mí me parece bien que se libere la verdad y que todos los implicados sean castigados, pero que se respeten las normas del debido proceso.