Fundamentos básicos de toda democracia

Por Mario Rueda Peña

En Bolivia, igual que en cualquier otro país, para que efectivamente rija la democracia, evitando que con ella se enmascare cualquier tipo de autoritarismo, gobernantes y gobernados deben ajustar actitudes y decisiones a principios constitucionales de vigencia universal, como los de independencia y coordinación de los poderes públicos.

La democracia se desfigura o, lo que es peor, se trasmuta en dictadura, si un gobierno invade totalmente los espacios del Poder Legislativo o Judicial. Los gobernantes dan al trasto con el sistema de pesos y contrapesos cuando hacen eso en el ejercicio del poder político, determinando que el país caiga bajo control absoluto de un régimen que sólo es la expresión política de una parte de la sociedad y no de su conjunto.

Nadie puede cuestionar que el voto ciudadano mayoritario, en la proporción prevista por la normativa constitucional, otorgue a un gobierno la mayoría absoluta que requiere para imponerse en el órgano legislativo. Epílogos electorales como éste ocurren en algunos miembros de la comunidad internacional, aunque no de forma recurrente.

Equivalen más bien a excepciones que son resultado de circunstancias especiales que favorecen a una determinada corriente política. Lo normal es que las fórmulas victoriosas lleguen al poder con mayoría simple, lo cual les reata a una práctica totalmente saludable para la democracia, como es la del diálogo y concertación con la representación parlamentaria de la oposición.

Al cabo, Ejecutivo y Legislativo son espacios a los cuales, a horcajadas del voto popular, arriban los políticos para hacer política (en nuestra historia son muy pocos los que dedicaron su tiempo, desde Palacio de Gobierno, a concebir y ejecutar políticas de Estado orientadas a cambios que beneficiaran al país). En cambio, al Poder Judicial no se va a hacer política, sino a administrar justicia. El magistrado del Poder Judicial, por tanto, en vez de insignias político-partidarias en la solapa, debe acreditar no sólo total independencia de los protagonistas de la pulseada politiquera, sino también ‘meritocracia’ apuntalada por idónea y límpida trayectoria en la judicatura. Hasta fines de la década de los 90 Bolivia logró recorrer en parte el camino trazado para que los operadores de la justicia boliviana se ajustaran a tan elementales parámetros. Se creó el Consejo de la Judicatura para que sobre las bases referidas administre y discipline al Poder Judicial. Pero no se pudo conseguir que los partidos políticos, tanto oficiales como opositores, desde el Parlamento, definieran quiénes van y quiénes no a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional. La despolitización total del Poder Judicial quedó así como materia pendiente.

Ahora, el Gobierno pretende el control total no sólo del Poder Legislativo, sino también del Judicial. Así lo proclama en actos públicos el propio jefe del Estado Plurinacional. Arguye que no quiere más obstáculos en su ruta hacia los objetivos que persigue.

Grave, porque con poderes públicos sometidos totalmente al Ejecutivo, la democracia boliviana se derrumba…