Fraude masista: La Fiscalía interviene dos cortes electorales.

Existen denuncias de alteración en el padrón electoral planteadas por un diputado de Unidad Nacional. Por esa razón buscan documentos para probar o desvirtuar supuestos delitos cometidos en el revocatorio. En Oruro hubo oposición.

Las Cortes Electorales de Potosí y Oruro fueron intervenidas ayer por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación sobre alteración al padrón electoral en los últimos comicios y el hecho puede poner en riesgo la consulta constitucional prevista para el 25 de enero.

Primero, el jueves fue allanada la Corte de Potosí y ayer la de Oruro, sin embargo en esta última las autoridades judiciales encontraron resistencia de sus autoridades que se negaron entregar documentación.

Todo se origina en una denuncia planteada por el diputado del UN, Arturo Murillo, sobre alteración de la inscripción de ciudadanos en los sistemas informáticos en el referéndum revocatorio del 10 de agosto.

Según un memorial de 12 de noviembre, el Fiscal General Mario Uribe, ambas entidades Electorales, se negaron enviar la documentación requerida por el Ministerio Público, considerada necesaria para la averiguación de los hechos.

En razón a estos antecedentes y la solicitud del Ministerio Público, la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema dispuso expedir los mandamientos para el allanamiento de las Cortes Departamentales Electorales de los Distritos de Potosí y Oruro.

Asimismo, encomendó su ejecución al Ministerio Público.

El presidente de la CDE de Oruro, David Apaza, calificó el requerimiento como una amenaza a la democracia y peor aún, si se consolidaba la revisión e incautación de los equipos computacionales de la Corte Electoral.

“Eso quiere decir que los magistrados José Luis Baptista y Héctor Sandóval Parada, de la Corte Suprema de Justicia, estaría cometiendo un grave delito electoral, si esto se lleva a cabo y creen que pretenden obstaculizar el proceso electoral.