Esclavitud en Bolivia
Por Gary Antonio Rodríguez Alvarez
La Real Academia Española define la esclavitud como la “sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación”; y como derechos fundamentales “los que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, suelen ser recogidos por las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico superior”.
Era necesario ver esta definición previamente para entender los ignominiosos sucesos acaecidos en Sank’ajawira, a orillas del lago Titicaca (La Paz, Bolivia) donde una turba de “comunarios” asaltó el 7 de marzo la casa del ex vicepresidente de la República, don Víctor Hugo Cárdenas. Se dice que hombres de edad, aparentemente ebrios, agredieron a su esposa e hijos, saqueando y prendiendo fuego al inmueble, dizque porque el Sr. Cárdenas —originario del lugar— ya no vivía permanentemente con su comunidad.
¿Por qué le reclaman al Sr. Cárdenas que haya dejado su pueblo? ¿Le ofrecía acaso la posibilidad de educarse, trabajar y progresar? ¿Hubiera tenido él la posibilidad de incursionar desde allí en la política, llegar a ser Vicepresidente y el librepensador que es hoy? ¿O querían que se mantenga sometido a una esclavitud comunitaria, cautivo como ellos, en sus ancestrales tradiciones y temores?
Si ésa es la culpa que le endilgan sus agresores, entonces la lección para los niños y jóvenes de esas comunidades —cercanas a la vergonzosamente célebre Achacachi, donde los valientes “ponchos rojos” degüellan perritos indefensos para amedrentar a la gente civilizada— será que no hay que estudiar para ser paupérrimos y vivir aislados del mundo, sometidos a los sindicatos comunitarios.
¡Triste destino el de esta esclavitud sin paredes impuesta por la fuerza y el abuso! “El que nace esclavo, debe morir esclavo”. Y si bien no hay peor grillete que la ignorancia, ¿no sería grave confirmar que lo que realmente pasó en Sank’ajawira fue un “castigo” a un indígena que se animó a decir NO a la nueva Constitución Política del Estado? ¿Dónde quedan entonces los derechos humanos? ¿Deben estar los “usos y costumbres” por encima de la CPE? ¿Y qué del Estado de Derecho?
Si la anterior Constitución y también la actual reconocen los derechos fundamentales de las personas ¿cómo consentir el esfuerzo de ciertos servidores públicos en justificar el desprecio por la vida, anular el derecho a disentir y a decidir cómo vivir mejor? ¿O es que el “vivir bien” implica ser esclavo?
Un estudio realizado en Suecia confirmó recientemente que el comer pescado hace más inteligentes a las personas. No parece ser éste el caso de algunas que viviendo al lado del lago Titicaca —abundante en peces— se enquistan en “sindicatos comunitarios” para ejercer su intolerante y retrógrada actitud. Flaco favor para el curioso “proceso de cambio” que vive el país.

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