Detienen a militar e inician proceso.

Tanto el oficialismo como la oposición anunciaron el inicio de juicios penales contra el jefe de Estado, Evo Morales, por el atentado que sufrió la red Unitel en Yacuiba y contra el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, por el delito de sedición. Un oficial del Ejército y 10 muchachos fueron detenidos preventivamente en Yacuiba.

El sábado por la madrugada, tras la instalación de una carga explosiva en el edificio en el que funciona el canal 4 de Yacuiba (afiliado a la red Unitel) se detuvo a un supuesto miembro de la Casa Militar y otras 10 personas involucradas con el hecho. El lunes a las 6.00 la Fiscalía tarijeña decidió detener preventivamente a 11 personas, entre las que se encuentra el principal acusado en este caso, el subteniente Jorge Nava Zurita, que fue arrestado con una credencial de la Casa Militar, un arma reglamentaria, una ametralladora y una mecha lenta de dinamita. Otras 10 personas que fueron arrestadas junto al funcionario de la Casa Militar fueron puestas en libertad debido a que la Policía no pudo recabar pruebas que los impliquen en el hecho.

Una vez que se conoció la decisión del fiscal que atiende la causa, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Luís Trigo, informó que la institución castrense analiza la posibilidad de juzgar al subteniente a través de la justicia militar. “Seguramente se va a reunir el Tribunal de Personal del Ejercito y ellos van a decidir lo que va a pasar. Se tiene que investigar no podemos adelantarnos a lo que vaya a ocurrir. Tenemos 75 mil efectivos y no puedo saber si el pertenece o no a las Fuerzas Armadas, yo no puedo especular sobre el tema”, dijo.

El Gobierno a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, del vocero presidencial, Iván Canelas, y del viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, negó que este militar fuera un miembro del equipo de seguridad del Presidente, pero solicitaron que la Fiscalía esclarezca el hecho.

Tras conocerse la detención del militar, el presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Ortiz (Podemos), anunció el inicio de un juicio de responsabilidades contra la primera autoridad del Estado.

El senador Carlos D”Arlach (Podemos) explicó que este proceso empezará con un pedido de informe oral a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Alfredo Rada y de Defensa, Wálker San Miguel, que será enriquecido con información que se logrará en el Ministerio Público.

El líder de Podemos, Jorge Quiroga, fue más allá y dijo que los actos ocurridos en Yacuiba fueron digitados desde Palacio de Gobierno y calificó el hecho como terrorismo de Estado. “Ni siquiera tuvieron el cuidado de pagar a cocaleros o moto taxistas, sino que directamente envían militares para tratar de obstruir el proceso autonómico de Tarija”.

El diputado de esta misma fuerza política, Fernando Messmer, sostuvo que además de este tema también se debería iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales, por la discrecional administración de los recursos donados por Venezuela para Bolivia.

El jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Gustavo Torrico, consideró como un exceso de la oposición, vincular al Presidente con este hecho. “Los delitos son actos personales y en este caso esto no tiene nada que ver con el Presidente. La Justicia tiene que actuar y averiguar si es que el detenido recibió órdenes de alguien, pero de ahí a acusar al Presidente es un exceso”.

Pese a todo e revuelo que causó el atentado a Unitel, el Presidente no es el único que será sometido a un proceso penal, pues la Fiscalía General de la República admitió la demanda penal en contra del prefecto cruceño, Rubén Costas, y del presidente de la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, por la presunta comisión del delito de sedición, malversación y resoluciones contrarias a la ley.

La solicitud de demanda fue presentada el pasado 8 de junio por los dirigentes del MAS en la capital oriental, Braulio Callizaya, Jhonny Callejas y Martín Canaza que están representados por el abogado, Humberto Quispe.

El Prefecto cruceño acusó al viceministro de Coordinación con Sectores Sociales, Sacha Llorente, de ser quien articula esta demanda, mientras que el presidente de la Corte Departamental Electoral, Mario Orlando Parada, dijo que tienen un equipo de abogados trabajando en el tema y que actuarán conforme a derecho. “Tenemos causas similares, en Santa Cruz y Sucre, el primero interpuesto por Lucio Vedia y Félix Martínez y el último, demandado por tres ciudadanos del interior”.

El juez cautelar Pablo Zelaya ordenó la detención preventiva de 11 presuntos autores del atentado dinamitero contra el Canal 4, de la red Unitel de Yacuiba, en una sesión que se inició pasada la media noche del domingo y se prolongó hasta las 6.00 de ayer.

El fiscal asignado al caso, Diego Choque, presentó su fundamentación para la detención de 22 personas, pero el juez determinó mantener dentro del penal de Morros Blancos a Jorge Peter Nava Maldonado, Juan José Limón, Andrés Ariel Mamani Gutierrez, María Elena Vásquez, Alejandro Sossa Aruquipa, Juan Peñaranda Estrada, Orlando Barrientos Ortega, Rolando Enriquez Cuellar, Walter Flores Cari, Eliseo Flores Paco, Elías Yapuri Cazón y Jesús Reynaldo Durán.

Por falta de pruebas fueron liberados otras 10 personas contra las que no existían pruebas.

Terrorismo de Estado

El presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Ortiz (Podemos), empezó a realizar todos los trámites necesarios para instalar un juicio de responsabilidades contra el jefe de Estado acusándolo de la comisión del delito de Terrorismo de Estado, pues sostiene que tiene relación con el atentado explosivo efectuado en el canal 4 de Yacuiba (Unitel) la madrugada del sábado.

Para desarrollar una investigación sobre este caso se anunció que se convocará a prestar informes orales a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Alfredo Rada; y de Defensa, Walter San Miguel. El diputado de Podemos, Fernando Messmer, anunció que también analizan la instalación de otro juicio de responsabilidades por la discrecional administración de los recursos donados por Venezuela.

Sedición y corrupción

El prefecto Rubén Costas fue culpado ante la Fiscalía General de la Nación por haber convocado al referéndum por el estatuto autonómico el 4 de mayo a través de la Resolución 010|2008, del 30 de enero de 2008 y por desembolsar 11 millones de bolivianos para la realización de la misma.

La demanda admitida por la Fiscalía señala que el Prefecto de Santa Cruz, vulneró el techo presupuestario de la entidad pues no tenía ninguna autorización ni de su Consejo Departamental ni del Ministerio de Hacienda para destinar ese monto a la ejecución de esta consulta, por lo que se habría cometido el delito de malversación de fondos.

Los vocales de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz fueron acusados de la comisión de los delitos de sedición, malversación de recursos e ir contra la Constitución.

Pronunciamiento internacional

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó los atentados con explosivos contra las instalaciones del Canal 4-Unitel, en Yacuiba y contra la Radio Kollasuyo en Potosí.

RSF señaló en un comunicado que el origen de dichos ataques, que causaron importantes daños materiales y, que en Potosí, hirieron a dos trabajadores de la emisora, está en la polarización política y mediática que afecta el país.

“Deseamos que la clase política en su conjunto llegue a un acuerdo para salvaguardar las libertades fundamentales, que los partidos desautoricen a los grupos radicales de cada uno de los campos y que, finalmente, a la prensa se le dé todo tipo de garantías de seguridad, en el marco de la consulta del 10 de agosto”, declaró la organización.

Los atentados ocurrieron el viernes 20 de junio en Potosí a cargo de los cooperativistas mineros que reclamaban la atención del Gobierno y dos días después en Tarija, cuando un subteniente del Ejército fue detenido portando explosivos.