Autoridad, poder y responsabilidad

Por Joaquín Monasterio Pinckert

Frecuentemente se confunden los términos de autoridad, poder y responsabilidad, creyendo que son sinónimos. Sin embargo, es necesario aclarar que la autoridad deriva del derecho a ejercer el poder, pero delegado por el soberano a través del voto. El poder es la facultad de hecho o de derecho para mandar o hacer algo y responsabilidad es la disposición de una autoridad a ser evaluada y aceptar las consecuencias de los resultados. Se puede decir entonces que la autoridad es una cualidad, el poder un ejercicio y la responsabilidad un valor. Lo peligroso es cuando estos conceptos se malinterpretan y resulta que los que son autoridad abusan del poder y no tienen responsabilidad.

Por ello es importante vivir en un estado de derecho, porque define los límites jurídicos para frenar los abusos del poder y establece las responsabilidades correspondientes. Este es el marco jurídico de la democracia. Sin embargo, actualmente vemos que el comportamiento del gobierno de Evo Morales, expresa una violación flagrante y reiterada del Estado de Derecho porque no sólo abusa del poder, sobrepasando sus atribuciones de autoridad delegada, sino que actúa irresponsablemente, incluso reconociendo que la ley debe estar al servicio del presidente y de no ser así, “le meto nomás y que los abogados la cambien”. Constantemente se vulnera la independencia de los poderes del Estado, como cuando el Ejecutivo incumple las disposiciones del Poder Judicial, verbigracia la inobservancia del derecho constitucional del hábeas corpus en el caso de Leopoldo Fernández. Cuando el Legislativo no puede deliberar normalmente, debido a las constantes presiones de huestes movilizadas, obligándolo incluso a sancionar leyes inconstitucionales y sin respetar el procedimiento legislativo, vemos que se está destruyendo la democracia. Asimismo, cuando el Tribunal Constitucional deja de funcionar por presiones políticas y no se elige a los nuevos magistrados mientras el MAS no consiga los dos tercios necesarios para copar este organismo, desaparece la única garantía para conservar el estado de derecho. El pueblo boliviano, como en el revocatorio, ha sido nuevamente arrastrado a otro referéndum para decidir con su voto el futuro del país, en el fragor de una debacle financiera internacional y una crisis política interna que nos tiene al borde de la catástrofe. Después del acuerdo congresal, que evitó momentáneamente un desenlace fatal a la crisis, los bolivianos tenemos dificultades para entender lo que está pasando, debido a que se mantiene el estado de sitio en Pando, se sigue encarcelando indiscriminadamente a ciudadanos y se arremete contra la prensa, ante la pasividad cómplice de la policía, mientras se libera a un terrorista que puso una bomba a un medio televisivo en Yacuiba y no se investiga la presencia de grupos irregulares armados en el Beni, porque en ambos casos están involucradas personas afines al gobierno. Ante estos hechos nos preguntamos ¿será que el gobierno va a respetar las modificaciones al proyecto constitucional, en temas como autonomías, propiedad privada, política de tierras o justicia comunitaria, una vez que esté aprobado? Nos quedan serias dudas, que se profundizan si agregamos el sospechoso descalabro del sistema electoral, contaminado por las falencias estructurales del padrón, del registro civil y el sistema de identificación nacional. En estas condiciones nos cuesta mucho aceptar el referéndum y peor esta Constitución, aunque sea mejor que la de Oruro, o ¿qué dice usted amigo lector?