Aumentan lo presos políticos y Morales pretende seguir con el dialogo

José Vaca detenido en Villamontes fue enviado a la cárcel de San Pedro en La Paz. Cívicos del Chaco boliviano denunciaron persecución militar. En Santa Cruz se habla de una “lista negra”.

Jimmy Benítez y Carlos Roda son los dos nuevos activistas tarijeños detenidos ayer en Yacuiba, después que José Vaca, aprehendido el pasado miércoles en Villamontes y trasladado a La Paz, fue enviado a la cárcel de San Pedro preventivamente, por el atentado al gasoducto Yacuiba-Río Grande.

A las 17.30 Jimmy Benítez, llegó a la Fiscalía de Distrito de La Paz, para prestar sus declaraciones respectivas con un fuerte resguardo policial. El activista, parte del grupo juvenil del Chaco, fue detenido “violentamente y por encapuchados”, según declaraciones de su hermano, Franz Benítez.

Otro de los aprehendidos también en Yacuiba, es Carlos Roda, quien fue trasladado a la sede de Gobierno para declarar hoy ante el juez cautelar, informó la red de televisión PAT.

Los tres detenidos son acusados de terrorismo, sedición, organización criminal y atentado contra bienes públicos del Estado por la toma del campo hidrocarburífero de Vuelta Grande, en el mes de septiembre, exigiendo la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, después de dos horas de audiencia determinó la detención preventiva del primer detenido, José Vaca, argumentando un posible peligro de fuga.

El dirigente de Villamontes ingresó a la cárcel de San Pedro a las 15.45, donde también se encuentra preso el ex prefecto opositor pandino, Leopoldo Fernández. Ambos enviados a la cárcel por el juez Dávila, acusado de prevaricato por el Consejo de la Judicatura.

El abogado defensor de Vaca, Roberto Munin, denunció que su cliente es víctima de un proceso político, señalando que su detención se produjo de manera ilegal y fue “secuestrado hasta la sede de Gobierno”.

“Es la caza indiscriminada de dirigentes cívicos autonómicos y prefecturales”, dijo el presidente cívico de la provincia Cordillera, Franz Michel, quien junto al subprefecto, Marcelo Apurani, denunciaron que en la calles del Chaco, continúan los intentos de detención en camionetas a bordo de encapuchados que “manejan una lista” para detener. Los perseguidos son la alcaldesa de Boyuibe, Alejandría Vaca Flor; su par de Cuevo, Sonia Gutrhie y de Camiri, Gonzalo Moreno, quienes se declararon en la clandestinidad al igual que el líder cívico tarijeño, Reynaldo Bayard.

El secretario por autonomías de la prefectura cruceña, Carlos Dabdoub, ratificó la existencia de las listas, donde no sólo están dirigentes sino también periodistas. “Inicialmente van a empezar por autoridades y dirigentes, pero después no se escapa nadie”, sentenció Dabdoub.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, lamentó que el gobierno esté atropellando los derechos humanos y pidió la intervención del Defensor del Pueblo. “Se detiene con encapuchados, ya tenemos información que probablemente son agentes venezolanos”, denunció el cívico cruceño.

‘Hay otros que serán detenidos’

El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, aseguró que todas las detenciones son legales e indicó que se procederá de la misma forma con “todos los que se puedan identificar y probar ante la justicia”, que son responsables tomar los pozos petroleros e instituciones públicas en la protesta por la devolución del IDH.

La autoridad gubernamental advirtió que “quienes defiendan a estos delincuentes son cómplices y encubridores”, refiriéndose a los activistas cívicos. Añadió que las pérdidas llegan a 100 millones de dólares en las destrucciones en Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca.

El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, negó que el gobierno esté persiguiendo políticamente sino que está “procesando” a los responsables del “terrorismo de Estado” ejecutado el pasado mes, por tanto aseguró que no se violó el preacuerdo con los prefectos opositores.

Denuncias

Violaciones • El presidente del Colegio de Abogados en Santa Cruz, Fernando Cuéllar, señaló que el gobierno está quebrantando el estado de derecho y el debido proceso al trasladar a los detenidos a una jurisdicción donde no han cometido el delito.